22. Septiembre 2011 por AVQ.

 La campaña de Rubalcaba va a toda máquina y se van acumulando sus propuestas. Examinemos cuatro de las más destacadas para establecer algunas conclusiones sobre la calidad y la viabilidad de estas iniciativas que, según el candidato, pondrá en marcha si gana los comicios. La primera es recuperar el impuesto sobre el patrimonio de las personas físicas, suprimido por el Gobierno socialista, es decir, por el Gobierno en el que ha sido ministro Rubalcaba y el Gobierno del partido de Rubalcaba. Este tributo es injusto porque grava dos veces los mismos ingresos, es antieconómico porque desincentiva el ahorro y la inversión y apenas tiene poder recaudatorio, unas décimas por ciento del total del presupuesto. Además, está transferido a las Comunidades Autónomas, con lo cual éstas pueden bonificarlo al cien por cien, intención que ya han manifestado las Autonomías en manos del PP, que son casi todas. Para mayor regocijo, de acuerdo con la actual Ley de Financiación de las Comunidades, el Estado viene obligado a compensarlas por la suspensión en su día del dichoso impuesto, lo apliquen o no, con lo que se podría dar el chistoso caso de que una Comunidad lo perciba dos veces, una del Gobierno central y otra del sufrido contribuyente. Un acierto, sin duda. La segunda es establecer un gravamen sobre los beneficios de los bancos. Es bien sabido que hoy las entidades financieras están ahogadas por el agujero de los créditos a inmobiliarias, por el impago de hipotecas y por su acumulación de deuda pública nacional, autonómica y extranjera. Se habla de cuánto costará su recapitalización. Como se ve, una coyuntura de lo más oportuno para anunciar que se les va a poner una nueva piedra al cuello. La tercera consiste en cambiar el vigente ordenamiento para que una reforma estatutaria aprobada en referendo por la ciudadanía no pueda ser posteriormente declarada inconstitucional por el tribunal competente. El argumento, desbordante de rigor jurídico, que ha adelantado Rubalcaba es que los jueces no están legitimados para modificar lo que ha decidido el pueblo soberano. El asunto presenta dos pegas no menores. Una, que la soberanía del pueblo español, en cuyo nombre actúan los magistrados del Constitucional, es indivisible y un Estatuto afecta únicamente a una parte de los españoles y dos, que el disparate de suprimir el recurso previo de inconstitucionalidad, origen de este absurdo, lo cometió el PSOE. Y cuarta maravilla, la creación de centenares de miles de puestos de trabajo para jóvenes con el dinero resultante de las exacciones a los ricos y a los bancos. Veamos. El empleo lo crean las empresas si tienen oportunidades de negocio y generan los beneficios necesarios. Por muchas subvenciones que reciban, la ocupación así generada artificialmente lo único que consigue es perturbar el mercado y desviar recursos de donde son eficientes a un sumidero estéril. Lo que procede es mejorar la competitividad de las empresas, no despilfarrar en planes E y otras bobadas. A Rubalcaba también le hacen falta dos tardes con Jordi Sevilla, aunque la pena es que ya no está disponible porque hace tiempo que salió despavorido ante las barbaridades del Presidente saliente, que Rubalcaba pretende emular.

En fin, cabría concluir que Rubalcaba es un ignorante completo o un débil mental. Como no es ni una cosa ni la otra, está claro que propone medidas nocivas para sus votantes con la evidente intención de explotar su desesperación a causa de la crisis o su buena fe, lo que nos confirma lo que todos sabemos sobre la catadura moral del personaje. La campaña de Rubalcaba es de vergüenza ajena y hay que preguntarse quién podrá votar a semejante desaprensivo.

                                               ©Aleix Vidal-Quadras 

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16. Septiembre 2011 por AVQ.

Empiezan a surgir voces entre los políticos y también entre los expertos en finanzas que dan como inevitable la quiebra de Grecia. Si tal catastrófico acontecimiento se produjera, bastantes bancos europeos se verían obligados a recapitalizarse so pena de caer con el Estado heleno. En caso de no ser capaces de atraer los fondos necesarios, se podría producir un efecto dominó en el conjunto del sistema financiero de nefastas consecuencias. La recalificación a la baja de algunas importantes entidades francesas por Moody’s es un aviso en esta dirección. Además, el derrumbe de la hacienda griega probablemente generaría un efecto contagio sobre la deuda soberana de los países ya intervenidos, como Irlanda y Portugal, y de los que bailan en la cuerda floja, como España e Italia. La solución ensayada hasta ahora ha consistido en inyectar dinero en las arcas vacías de Atenas para que pueda hacer frente a sus obligaciones exigiéndole al mismo tiempo un severísimo plan de ajuste: recortes de los programas sociales, privatizaciones, tijeretazos a los salarios públicos y a las pensiones y otras mortificaciones. Ahora bien, estas medidas destinadas a controlar el déficit, si no van acompañadas de una recuperación del crecimiento, provocan una contracción adicional de la actividad que a su vez empuja al alza de nuevo el desequilibrio de ingresos y gastos y vuelta a empezar en una espiral diabólica. Grecia se asemeja a un paciente del Doctor Montes, sometida a dosis sucesivas de sedantes sin que la gravísima enfermedad que la aqueja reciba el tratamiento adecuado. Una terapia exclusivamente financiera retrasa la muerte y alivia el dolor, pero no evita el tránsito final. Está cundiendo la idea de que ya es demasiado tarde para que la cuna del pensamiento occidental encuentre las fuerzas necesarias para levantarse de su postración y que las paletadas de euros que le llegan del resto de la Unión Europea, del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional la mantienen dormida esperando el último suspiro. El problema inmediato de los griegos es sin duda pagar los vencimientos de los créditos que les ahogan, pero el de fondo es que han de trabajar más y mejor por menos dinero, crear valor añadido, exportar y animar el consumo interno. Tumbada en su lecho hospitalario con el gotero puesto, la desventurada Hélade intenta incorporarse y no lo consigue mientras el sopor paralizante de los rescates penetra en sus venas hundiéndola en una oscuridad sin retorno.

                                                        ©Aleix Vidal-Quadras   

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12. Septiembre 2011 por AVQ.

         En 2008 y 2009 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña desestimó los recursos de los padres que solicitaban que sus hijos recibieran enseñanza no sólo “de” español, sino “en” español, con el argumento de que el modelo de inmersión lingüística es constitucional. Después de la sentencia del Alto Intérprete de la Carta Magna sobre el Estatuto de 2006, ya sabemos que de constitucional, nada, y que la Generalidad viene obligada a utilizar ambos idiomas como vehiculares en las aulas. El Tribunal Supremo, por su parte, ha emitido sentencias en el mismo sentido. Ahora que ha llegado el momento de ejecutarlas, a la máxima autoridad judicial de Cataluña, Miguel Ángel Gimeno, le tiemblan las piernas y se permite comentarios públicos absolutamente inadecuados además de técnicamente erróneos. Los nacionalistas siempre van por el mundo amedrentando y coaccionando. Si uno no se acomoda a sus tesis excluyentes y totalitarias es un mal catalán y un fascista, y si con el estigma infamante no basta, se suelta a las juventudes radicales para que insulten, escupan, arrojen huevos y quemen retratos del Rey o sedes de partidos insumisos. Las decisiones de los tribunales hay que cumplirlas y nadie tiene bula para ignorarlas, ni siquiera los inventores de naciones. Este asunto será crucial para comprobar dos cosas: la primera, si España es todavía un Estado de Derecho y la segunda, si el Partido Popular de Cataluña es fiel a sus compromisos electorales y a sus convicciones. En caso de desobediencia de la Consejería de Educación, la responsable del departamento debe ser procesada y, si resulta culpable, inhabilitada y multada, como está mandado. Por supuesto, en tales circunstancias la honorable señora Rigau no será una mártir de la patria catalana, sino una simple delincuente que ha recibido su merecido. En cuanto al PPC, su firmeza ha de ser total, hasta el punto de retirar cualquier apoyo parlamentario al gobierno minoritario de Artur Mas si éste persiste en su actitud subversiva. La solución es muy sencilla y no implica separar a los alumnos como repiten machaconamente los nacionalistas. Basta impartir algunas asignaturas en español y otras en catalán para que las sentencias del Constitucional y del Supremo se cumplan.   Los nacionalismos identitarios son un lujo que no nos podemos permitir en estos tiempos de crisis galopante. Son un incordio que nos hace desviar la atención de los temas verdaderamente prioritarios y salen carísimos. Basta ya de perder el tiempo intentando integrarlos, apaciguarlos y domesticarlos. Ha llegado la hora de meterlos en vereda. Si la Constitución no ha servido para pararles los pies, apliquémosles directamente el Código Penal. Una vez comprobado que no existe zanahoria suficientemente grande para calmar su voracidad, quizá unos cuantos palos de legalidad vigente los vuelvan mansos como corderos.

                            ©Aleix Vidal-Quadras     

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1. Septiembre 2011 por AVQ.

El debate suscitado por la reforma constitucional exprés y monográfica acordada por los dos grandes partidos ha hecho aflorar cuatro posiciones en el arco parlamentario, la de los que apoyan la iniciativa porque la creen necesaria y conveniente, la de los que no la comparten pero la votarán para seguir saliendo en la foto, la de los que se oponen porque consideran que limitar el déficit equivale a reducir las políticas sociales y la de los que, aunque reconocen la bondad del equilibrio fiscal, rechazan el procedimiento seguido por antidemocrático y exigen un referendo. Los primeros tienen razón, los segundos son doblemente condenables por equivocados y por serviles, los terceros siguen sin entender los mecanismos de creación de riqueza y empleo y los cuartos merecen simpatía en su error, que es de bulto. Sobre los que aciertan -esta vez-, sobre los que son indignos además de cortos y sobre los que son cortos y dignos no haré ningún comentario ulterior a estas alturas de la crisis, más que nada por fatiga. Me centraré en la cuarta categoría, en la que figuran personas que me inspiran afecto y con las que coincido en muchas cosas relevantes. Sus voces, tan sinceras como dañinas en esta ocasión, han pronunciado expresiones preñadas de dureza como “atropello antidemocrático”, “imposición”, “democráticamente ilegítimo”, “chapuza” y “devaluación de la Constitución”, mientras insistían en pedir una consulta popular. Veamos. La reforma responde a  uno de nuestros principales  problemas, que es el exceso de gasto público, como admite cualquier cabeza sensata, pero presenta una nota característica y decisiva, su urgencia. La apertura de un proceso plebiscitario introduciría un retraso que no nos podemos permitir y una incertidumbre que en estos momentos sería suicida. El camino seguido no es chapucero ni dictatorial, estriba en la aplicación estricta del artículo 167 de la Constitución, precepto al que por cierto habrá que recurrir en el inmediato futuro para arreglar los demás desaguisados que con vehemencia y tino condenan mis amigos democráticamente sensibles. Cuando llegue el caso no tengo duda de que bendecirán la existencia de esta previsión constitucional. La afirmación de que ya figuran en la Carta Magna y en las leyes instrumentos para garantizar la ortodoxia presupuestaria, viniendo de gentes que se han secado la boca de denunciar el nuevo Estatuto catalán, barbaridad jurídica y política que nadie ha querido o sabido impedir, suena poco consistente. En otras palabras, que más vale que incorporemos a la Constitución todos las defensas que podamos contra la irresponsabilidad, la ignorancia o el oportunismo de gobernantes circunflejos y la voracidad y el fanatismo de jefecillos tribales.

 Hay quién goza de una  notable capacidad intuitiva, ventaja nada despreciable. Sin embargo, la intuición no sirve siempre. El ecuador terrestre tiene una longitud de 40000 kilómetros. Si le preguntamos a un intuitivo cuánto se separaría una cuerda ecuatorial de la esfera terrestre si le añadimos un metro nos dirá que una distancia inapreciable. Pues bien, la separación es de casi dieciséis centímetros, como prueba un sencillo cálculo. Los asuntos serios no pueden ser abordados exclusivamente a base de entusiasmo, carisma e intuición. Requieren racionalidad, análisis detallado, rigor y unos ligeros conocimientos de geometría.

                                            © Aleix Vidal-Quadras

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