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POLÍTICA Y JUSTICIA
Un tribunal de apelaciones del Distrito de Columbia ha ordenado al Departamento de Estado que revise su decisión de mantener al Consejo Nacional de Resistencia de Irán en su lista de organizaciones terroristas y le requiere que permita a los afectados refutar la evidencia en virtud de la cual se les considera un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. En Europa, tras una larga batalla judicial, la resistencia iraní en el exilio fue eliminada de la lista negra en obediencia a varias sentencias tanto de tribunales británicos como del tribunal de la Unión con sede en Luxemburgo. La paradoja insalvable es que el material en el que se basa su clasificación como terroristas es en gran parte reservado y por consiguiente no accesible, con lo cual los acusados no pueden desmentirlo y se encuentran en indefensión. Esta contradicción fue resuelta en Europa mediante la apertura de los expedientes a los jueces que trataron el caso, que no hallaron en ellos motivo suficiente para colocarles la infamante etiqueta, acabando así con tan flagrante injusticia. Los jueces norteamericanos, más pacatos a la hora de actuar en asuntos que conciernen a los poderes del Ejecutivo, se han limitado a obligar al Departamento de Estado a revisar la parte no reservada de las informaciones existentes sobre la resistencia iraní sometiéndola a refutación por parte de la misma, en otras palabras, a proporcionar a la organización clasificada como terrorista las debidas garantías procesales. Pese a no haber impuesto al Gobierno, como sí hicieron los tribunales europeos, la pura y simple eliminación de la lista, la decisión del tribunal de Washington es un paso decisivo hacia la rehabilitación del Consejo Nacional de Resistencia de Irán también en Estados Unidos, lo que sin duda servirá mucho mejor a los intereses estratégicos de la primera potencia occidental que someter a un castigo inmoral a gentes que trabajan por un Irán democrático, desnuclearizado, laico y pacífico. Dejando aparte el acierto o desacierto de la acción exterior norteamericana en relación al régimen totalitario de Teherán, en el eterno conflicto entre la justicia y las necesidades de la realpolitik, este episodio indica una vez más las enormes ventajas que se derivan del principio de separación de poderes y de la tutela judicial sobre todos los órdenes de la vida pública.
Aleix Vidal-Quadras
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27. Julio 2010 en 14:12
Está claro. La separación de poderes es la base de la democracia, como ya establecieron en su día Locke y Bacon, en el siglo XVIII. Desde entonces, las ideologías colectivizadoras socialista, comunista y nacionalista, no han hecho más que atacar ese principio democrático.
El Estado tiene como principal obligación proteger al individuo contra el propio Estado: administraciones y partidos políticos.
Pero nombrando los jueces del Poder Judicial por acuerdos entre partidos o existiendo un Tribunal Constitucional por encima del Tribunal Supremo, no es como se consigue la democracia.
Cualquier parecido con la democracia en España, es pura coincidencia.