Las sucesivas maniobras obstruccionistas de la mayoría popular en las Cortes Valencianas para impedir que Leire Pajín sea designada por esta asamblea  autonómica senadora en representación de su Comunidad ejemplifican de forma inquietante el equivocado planteamiento de los dos grandes partidos respecto a sus relaciones mutuas. La pugna natural de las dos principales fuerzas para ganarse el favor del electorado comprende distintos ámbitos, pero en el estrictamente institucional las hostilidades deben enfocarse con extrema prudencia porque las consecuencias pueden ser gravemente dañinas para el sistema en su conjunto. No existen precedentes de un bloqueo semejante en la historia del Estado de las Autonomías a la hora de nombrar un senador autonómico y el hecho de que ahora se produzca da una medida de la virulencia del enfrentamiento cainita entre PSOE y PP, que ciega a las respectivas organizaciones, inmersas en el cultivo irrefrenable de su mutua aversión. En este mismo registro, la querella presentada por los socialistas valencianos en el Tribunal Superior contra el presidente de la Generalitat, diversos dirigentes del PP y cinco destacados empresarios del sector de la construcción en el hervor del caso Gürtel, indica también que nos encontramos ante una guerra en la que ninguna de las dos partes admite ni concede cuartel. Los grandes beneficiados de este clima irrespirable son los nacionalistas, cuya influencia decisiva sobre el gobierno central de turno radica precisamente en la falta de entendimiento entre el centro-derecha y el centro-izquierda nacionales para poner freno a sus abusos y resistirse a sus chantajes. Ya Arzalluz en su día se congratulaba de esta incapacidad de populares y socialistas para colaborar al servicio del superior interés del Estado, enredados en su lucha despiadada por el poder. La situación, lejos de mejorar, ha ido empeorando y desde la llegada a La Moncloa de un personaje tan poseído por el rencor como Zapatero, las esperanzas de que al fin prevalezca la sensatez en las cúpulas de Ferraz y de Génova se han desvanecido por completo. Es obvio que ninguno de los máximos responsables de los dos partidos llamados a ser los pilares sustentadores de nuestro edificio constitucional tiene presente la demoledora sentencia de Talleyrand: si hay algo peor que una injusticia, es un error.