11. Mayo 2009 por AVQ.

Zapatero se presenta como un político entregado a ampliar los derechos de la gente. En este empeño supuestamente nobilísimo siempre destaca en sus discursos y declaraciones públicas lo que él considera el ejemplo más paradigmático en este campo: el derecho a abortar. En su reciente arenga a veinte mil fieles enfervorizados en Vallecas lo ha expresado con total claridad: “una ley que garantice a las mujeres la dignidad cuando decidan la interrupción voluntaria de su embarazo”. Resulta sorprendente la falta de rigor semántico del lenguaje progresista posmoderno. Un aborto no interrumpe la gestación porque si se tratase de una mera interrupción podría reanudarse posteriormente. Por supuesto, no es así. Una vez truncada la vida humana incipiente que late en el seno materno, el suceso es irreversible y nada podrá ponerlo en marcha de nuevo. Ese ser llamado a tener un rostro, un nombre, una trayectoria individual única e irrepetible, es aniquilado sin remisión. Pero trampas semánticas aparte, llama la atención la utilización de la palabra dignidad para referirse a un acto que nada tiene que ver con esta cualidad excelsa de ciertas conductas. Un aborto jamás puede ser digno. De hecho, se trata de un episodio en la existencia de la mujer que puede ser calificado de trágico, de triste, de traumático, de doloroso, un trance que muy frecuentemente es suciamente sórdido. Únicamente una mente perversa se atrevería a ver dignidad en ese quirófano en el que una madre potencial yace inerme y sedada para someterse al bisturí de un profesional que se comprometió en su día a preservar la vida y que ahora se dispone a eliminarla. Si ZP está convencido de lo que dice, estamos ante un hombre profundamente equivocado. Si en realidad no cree en sus afirmaciones, pero las enuncia con el fin de ganar votos explotando vilmente las miserias y las debilidades de sus conciudadanos, hemos de llegar a la conclusión de que es una persona despreciable. En ambos casos, librarnos de este azote, más que una necesidad política, es una cuestión de supervivencia. De legítima defensa, en definitiva. 

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5. Mayo 2009 por AVQ.

En una reciente entrevista con David Leonhardt del New York Times, Barack Obama hace un balance de sus primeros cien días en la Casa Blanca. En particular, llama la atención y suscita cierta inquietud su respuesta al periodista en relación con la reforma del sistema de salud norteamericano. El presidente de los Estados Unidos reflexiona sobre un tema que en su país es enormemente sensible y centra el problema en el coste de la universalización de la asistencia. Tras afirmar que resulta obligado mantener el gasto sanitario bajo control pone el énfasis en la carga que representan para el erario público los cuidados a las personas que padecen patologías crónicas y a las que se encuentran “al final de sus vidas”. Dado que nadie puede saber cuánto más va a vivir un anciano, se entiende que Obama tiene en mente a los enfermos terminales. De hecho, esta apreciación se confirma cuando el inquilino de la Casa Blanca recurre al ejemplo de su abuela que, aquejada de un cáncer en fase muy avanzada, se rompió el fémur y decidió someterse a una operación de prótesis de cadera. La intervención se realizó con éxito, pero a las pocas semanas su abuela fallecía de cáncer. Este doloroso episodio familiar conduce a Obama a plantearse en voz alta si realmente tenía sentido en términos de coste-beneficio la implantación de una nueva cabeza de fémur a su abuela. Reconoce que desde su óptica individual y subjetiva de nieto de la señora sufriente, cualquier esfuerzo para mejorar la calidad de su existencia está justificado, pero también afirma que desde la perspectiva de la gestión del sistema de salud en su conjunto quizá la conclusión fuera distinta. Sobre los crónicos no aclara nada, aparte de su simple mención. El anuncio de la convocatoria de un comité de expertos “independientes” formado por médicos, científicos y especialistas en ética enciende algunas luces de alarma. En el momento en que el enfoque sobre el tratamiento que deben recibir sus conciudadanos que se hallan en “el final de sus vidas” o que arrastran enfermedades crónicas requiere el concurso de moralistas, se abre la puerta a todo tipo de sospechas, sobre todo si los susodichos expertos se sitúan en ámbitos ideológicos “progresistas”. Habrá que ver como evolucionan los acontecimientos en este tema, aunque los signos iniciales son intranquilizadores. 

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